30 AÑOS DE CÁRCEL: NI EL UNIFORME NI EL ARMA SALVARON AL AGRESOR DE LA JUSTICIA

Por Rebeca Isabel Henríquez Herrera
22 de julio de 2026

Por Fundación Derechos Humanos Global

San Francisco de Macorís, Provincia Duarte – 22 de julio de 2026

La reciente condena de 30 años de prisión dictada por un tribunal de La Vega contra el exmiembro de la Policía Nacional, Juan Luis Jiménez, culpable del atroz homicidio de su pareja Meylin Ariany Marte Rodríguez y de su suegra Marisela Rodríguez Marte, constituye una respuesta judicial ejemplar y un paso firme en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género en la República Dominicana.

El expediente de este trágico suceso, ocurrido el pasado 18 de enero, retrata una dolorosa realidad que se repite en el país: Meylin había buscado refugio en el hogar de su madre intentando escapar de un ciclo de violencia. Sin embargo, el agresor, utilizando su condición y acceso a un arma de fuego, irrumpió en la residencia para arrebatarles la vida a ambas mujeres y dejar herido a Franklin Ruiz Inoa, quien afortunadamente sobrevivió.

Desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, la Fundación Derechos Humanos Global ha estado presente acompañando de manera cercana y solidaria a los familiares de las víctimas, brindando respaldo, orientación y seguimiento constante a todo el proceso judicial.

Consideramos que esta sentencia en primera instancia envía un mensaje contundente a la sociedad y, muy especialmente, a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado: portar un uniforme o un arma oficial no otorga inmunidad ni privilegios ante la ley. La violencia machista e intrafamiliar debe ser castigada con todo el peso de la justicia, sin importar quién la ejerza.

A pesar de que el dolor de perder a dos seres queridos es irreparable para sus familiares, valoramos el trabajo del Ministerio Público al presentar pruebas contundentes y la firmeza del tribunal al aplicar la condena que corresponde. El traslado del condenado a un centro penitenciario de San Francisco de Macorís debe marcar el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, sin beneficios indebidos.

Seguiremos vigilantes para que el sistema de justicia y de protección social actúe de manera preventiva, garantizando que las mujeres que buscan refugio frente a sus agresores cuenten con la seguridad real y efectiva que el Estado tiene la obligación de proveer.

“La justicia tardó en llegar para Meylin y Marisela, pero hoy se reafirma que el luto de sus familias no quedará en la impunidad. No más violencia de género.”

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