Asunto: Crisis de alquileres vulnera el derecho a vivienda digna y agrava la desigualdad.
Por Rebeca Isabel Henríquez Herrera
Santo Domingo, Rep. Dom. – 30 de abril de 2026 La Fundación Derechos Humanos Global expresa su profunda preocupación por el aumento desmedido de los alquileres y la escasez de viviendas accesibles en el país. Esta situación no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que refleja las desigualdades estructurales que afectan a la sociedad dominicana.
Realidad actual
El costo de alquiler ha crecido mucho más rápido que los salarios. En ciudades como Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís, las familias destinan entre el 40 % y el 60 % de sus ingresos solo para el techo, dejando poco margen para otras necesidades básicas. Esto obliga a muchas personas a vivir en condiciones precarias, hacinadas o a cambiar de residencia constantemente.
Las causas principales son:
• Oferta insuficiente de viviendas económicas, ya que la mayoría de los proyectos se dirigen a sectores de altos ingresos.
• Auge de alquileres turísticos, que reducen las opciones para residencia permanente y presionan los precios.
• Falta de políticas públicas efectivas para garantizar viviendas sociales y regular el mercado.
Derechos vulnerados
Derecho a vivienda digna (Art. 59 Constitución y Art. 11 Pacto Internacional DESC): Se viola cuando el alquiler se vuelve inasumible o no hay opciones acordes al presupuesto.
Derecho a protección de la familia: La inestabilidad residencial afecta la convivencia, la educación y el bienestar emocional.
Derecho a igualdad: Los grupos más vulnerables son los que sufren con mayor fuerza esta crisis.
Si bien la nueva Ley de Alquileres es un avance, la regulación por sí sola no resuelve el problema de fondo: la falta de viviendas suficientes y asequibles.
La FDHG exige al Estado:
1. Implementar medidas urgentes, incluyendo construcción masiva de viviendas sociales e incentivos para opciones accesibles.
2. Regular los alquileres turísticos para proteger la oferta destinada a residencia habitual.
3. Garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y mecanismos accesibles para resolver conflictos.
4. Reconocer la vivienda como prioridad nacional, esencial para reducir desigualdades y construir una sociedad justa.
La vivienda no puede ser un privilegio, sino un derecho que el Estado debe garantizar a todas las personas.