Deber incumplido: gestión nula y propuestas lesivas contra el sector educativo

San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. – La Fundación Derechos Humanos Global alza su voz para denunciar la profunda injusticia y la doble moral que representa la gestión del diputado Nicolás Hidalgo, representante de esta provincia, frente a la realidad del sector magisterial dominicano.

Según datos oficiales, el legislador percibe un sueldo base mensual de RD$ 175.000,00, monto que, sumados los beneficios, bonificaciones y partidas complementarias, asciende a más de RD$ 250.000,00 mensuales. Una remuneración elevada, financiada con recursos públicos, que hasta la fecha no se ha traducido en gestiones, obras ni aportes tangibles para el desarrollo de la provincia Duarte ni su población.

Y lo más reprobable: el mismo legislador que no ha cumplido con su mandato representativo, ha presentado iniciativas en la Cámara de Diputados para aplicar descuentos y sanciones económicas a los maestros que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica, cuando su única demanda es el respeto a sus derechos laborales, condiciones dignas y una remuneración acorde a su labor.

El diputado Nicolás Hidalgo tiene una obligación legal y moral con el pueblo de Duarte, y en lugar de dirigir propuestas restrictivas contra los educadores, su labor legislativa y gestión deben orientarse a:

Promover y gestionar la construcción de nuevos centros educativos, ampliar la cobertura escolar y rehabilitar las instalaciones educativas que se encuentran en estado deficiente en todo el territorio provincial.

Impulsar políticas públicas que garanticen salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones adecuadas para todo el personal docente, reconociendo el valor indispensable de su trabajo.

Cumplir con su mandato representativo, destinar su gestión a resolver las necesidades de la población y rendir cuentas sobre el uso de los recursos y beneficios que recibe como servidor público.

Los maestros no representan un problema, son el pilar del desarrollo social y humano. Ellos cumplen su labor en las aulas diariamente, mientras algunos representantes públicos limitan su actuación al cobro de sus remuneraciones, sin responder a las expectativas de la ciudadanía.

Desde la Fundación Derechos Humanos Global, rechazamos categóricamente esta conducta: es inadmisible que quien no cumple con sus obligaciones institucionales, pretenda aplicar medidas restrictivas contra quienes realizan la labor más valiosa para la sociedad. Exigimos responsabilidad, transparencia y que los recursos públicos se destinen al bienestar colectivo, no a privilegios sin resultados.