DERECHO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO: UN DERECHO VULNERADO CONSTANTEMENTE EN REPÚBLICA DOMINICANA

El derecho a la justicia y al debido proceso es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Está reconocido en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y significa que toda persona tiene derecho a que sus casos sean atendidos con imparcialidad, rapidez, transparencia y respeto a las normas legales.

Sin embargo, en República Dominicana este derecho se viola de forma sistemática y cotidiana. Se convierte en un derecho "inaccesible, lento y costoso" para la mayoría de la población. Se presentan graves fallas como:

• Procesos que se alargan por años, dejando a las víctimas sin respuestas y sin justicia por mucho tiempo.

• Investigaciones incompletas, superficiales o que nunca se llevan a cabo, lo que genera que la impunidad sea la regla en lugar de la excepción.

• Negación de defensa legal gratuita y de calidad para quienes no tienen recursos económicos, dejándolos en desventaja frente a quienes sí pueden pagar abogados especializados.

• Medidas de protección y órdenes de alejamiento que se emiten en papel, pero que no se cumplen ni se hacen respetar, dejando a las personas en riesgo y sin seguridad.

• Trámites burocráticos excesivos y falta de coordinación entre las instituciones encargadas, que hacen que los casos se estancan sin solución.

Esta situación afecta a todos, pero de manera más grave a los grupos más vulnerables: mujeres víctimas de violencia, homicidio, violacion sexual , personas de escasos recursos y quienes buscan hacer valer sus derechos. Cuando no hay justicia, se abre la puerta a la desconfianza en las instituciones y a la sensación de que la ley no se aplica por igual para todos.

La Fundación Derechos Humanos Global solicita  que:

• Se adopten medidas para agilizar los procesos judiciales y administrativos, garantizando que las resoluciones se emitan dentro de plazos razonables y se evite la dilación injustificada de los asuntos.

• Se realicen investigaciones exhaustivas, objetivas y transparentes sobre todos los hechos que involucren violaciones a los derechos humanos o delitos, con el fin de establecer la verdad de los acontecimientos, identificar a los responsables y asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes, erradicando así la impunidad.

• Se fortalezca el sistema de asistencia legal, garantizando el acceso a servicios jurídicos gratuitos, especializados y de calidad para todas las personas que no cuenten con recursos económicos suficientes, con el fin de asegurar la igualdad de armas y el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

• Se evalúe el desempeño de las instituciones y servidores públicos encargados de administrar justicia y proteger los derechos fundamentales; aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones funcionales, no obtengan resultados favorables para la protección de las víctimas o incumplan con los deberes legales serán removidas de sus cargos de conformidad con la normativa vigente.

• Se diseñen e implementen mecanismos operativos y efectivos para el cumplimiento real y material de las medidas de protección y garantías de seguridad, de manera que estas representen una solución práctica y no solo un trámite formal.

• Se asegure la aplicación equitativa de la normativa jurídica, garantizando que el ordenamiento legal se aplique sin discriminación alguna, atendiendo a la condición social, género, orientación sexual, origen nacional o cualquier otra característica de las personas.

Recordamos que la justicia no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho que debe estar al alcance de todas las personas. Una sociedad que no garantiza justicia es una sociedad que no garantiza paz ni convivencia.