EL ESTADO DOMINICANO, INDOLENTE Y AUSENTE, ABANDONA A LOS NIÑOS CON AUTISMO Y OBSTACULIZA LA LABOR DEL DR. ERNESTO FADUL
Santo Domingo RD. 1 de junio de 2026
La Fundación Derechos Humanos Global, representada por Rebeca Henríquez, Defensora de Derechos Humanos, se dirige a la opinión pública para denunciar de forma contundente la indolencia, el desinterés y la negligencia absoluta con que el Estado dominicano trata a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias, tres años después de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección.
La situación es crítica y dolorosa: mientras la ley existe sobre el papel, los derechos no existen en la vida real. Y lo que es más grave: cuando un profesional de la salud, reconocido y querido por la comunidad, el Dr. Ernesto Fadul, ha dedicado su vida y su esfuerzo a apoyar, diagnosticar y tratar a estos niños y niñas, las autoridades no solo no lo respaldan, sino que le ponen trabas, obstáculos y le impiden continuar su labor humanitaria, dejando a miles de menores en total desprotección.
El 5 de junio de 2023 se promulgó la ley; en julio de 2024 se aprobó su reglamento. Sin embargo, tal como ha denunciado la Mesa de Diálogo por el Autismo, nada ha cambiado para bien:
Indolencia presupuestaria: No asignan un peso específico para cumplir la ley. Las promesas de recursos para 2026 siguen siendo palabras vacías.
Ausencia total de servicios: No hay red nacional, no hay registro, no hay formación de personal. Solo hay 19 psiquiatras infantiles para todo el país.
Cobertura ridícula: El programa Senasa Integra solo atiende a 3,000 niños menores de 10 años; el resto, miles de ellos, quedan excluidos.
CAID saturados y cerrados: No abren nuevas sedes y las existentes no dan abasto.
Educación y salud negadas: Las familias siguen pagando de su bolsillo terapias, consultas y diagnósticos, porque el Estado no asume su deber de garante.
El Estado actúa como si no existieran. Es una indolencia que roza la crueldad: ver sufrir, ver esperar, ver luchar a las familias y quedarse de brazos cruzados.
En medio de este abandono, ha sido fundamental la labor del Dr. Ernesto Fadul, médico especialista que se ha convertido en un pilar, una esperanza y el único apoyo real para muchas familias en regiones como Santiago y todo el Cibao. Con su conocimiento, su vocación y su compromiso, ha llenado los vacíos que el Estado se niega a cubrir.
¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
En lugar de agradecer, respaldar y facilitar su trabajo, han decidido obstaculizarlo, ponerle trabas administrativas, limitar su actuación e impedir que continúe atendiendo a estos niños y niñas que tanto lo necesitan.
¿Por qué se persigue o limita a quien ayuda? ¿Por qué se castiga la buena voluntad y la experiencia? Esto no es administración, es persecución y negligencia.
Es una injusticia doble: No dan el servicio que por ley es obligación suya. Prohíben o estorban a quien sí lo da de forma desinteresada y profesional.
La Ley 34-23, la Constitución y los tratados internacionales son claros: las personas con autismo tienen derecho a salud, educación, protección y atención especializada. Al no cumplir, el Estado viola estos derechos. Al impedir que el Dr. Fadul y otros profesionales apoyen, agravan la violación y convierten el abandono en una acción consciente de exclusión.
La indolencia no es un error, es una decisión. Y esa decisión está causando daños profundos, retrasos en el desarrollo, sufrimiento y desigualdad.
Solicitamos al presidente Luis Abinader:
FIN A LA INDOLENCIA: Asignación inmediata del presupuesto completo para la ejecución de la Ley 34-23, sin más demoras ni excusas.
RESPETO Y LIBERTAD PARA EL DR. ERNESTO FADUL: Retirar cualquier obstáculo, prohibición o limitación que le impida continuar su labor médica y humanitaria. Él no es el problema, es la solución que ustedes no dan. Apoyen su trabajo, no lo estorben.
Ampliar cobertura, abrir nuevas sedes, formar personal y garantizar que ningún niño se quede sin atención.
RESPONSABILIDAD: Que se explique públicamente por qué se ha permitido este abandono y por qué se obstaculiza a quienes ayudan.
"No es posible que el Estado sea indolente con el dolor de un niño. No es justo que cuando un médico de vocación se entrega a ayudarlos, sea bloqueado. Cumplan la ley, asuman su deber y dejen trabajar a quienes sí quieren servir."
Las familias no pueden esperar más. Los derechos no son negociables, ni aplazables, ni dependen de la buena voluntad de particulares.
Seguiremos denunciando, vigilando y acompañando hasta que la indolencia termine y la justicia sea una realidad para todos.
Rebeca Henríquez
Teléfono: 849-658-1705
Correo: dhglobalrd@gmail.com
“Defender, educar y transformar es nuestra misión”