RECURSOS DE SALUD: SAGRADOS PARA LA VIDA, NO PARA LA CORRUPCIÓN

Fundación Derechos Humanos Global manifiesta su más profunda preocupación y exige un seguimiento estricto e independiente ante la escalada de presuntas irregularidades en los patronatos de salud, que afectan de manera cruel a los pacientes más vulnerables.

La situación es escalofriante y se repite con impunidad: primero en San Francisco de Macorís —caso investigado el año pasado en el Patronato del Nordeste Contra el Cáncer—, luego en Santiago, y ahora, la medida de coerción del Ministerio Público ha revelado un presunto fraude de dimensiones colosales en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. En este último caso, se acusa a los implicados de suministrar dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia a pacientes con cáncer, mientras se facturaba el tratamiento completo al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según el expediente, la modalidad era descarada: los investigados dividían un solo frasco de quimioterapia entre dos pacientes, pero cobraban a Senasa un frasco completo por cada uno, obteniendo así un pago duplicado por una única dosis dispensada. Esto no es solo robo, es jugar con la vida de personas que luchan por sobrevivir.

La medida de coerción también señala que los implicados presuntamente se dedicaban a comercializar medicamentos donados, incluyendo quimioterapias de alto costo, un acto que viola la confianza pública y los acuerdos de cooperación internacional. Lo que es aún más indignante es que los fármacos que no podían ser vendidos eran dejados expirar, una práctica que el órgano acusador califica como ilegal y perjudicial para personas de escasos recursos que enfrentan enfermedades tan devastadoras como el cáncer.

Como siempre, la soga se rompe por lo más débil: son los pacientes y sus familias quienes terminan pagando el precio de estas presuntas malas prácticas, la falta de control y la corrupción estructural. Ver a personas vinculadas a estos procesos seguir ocupando cargos de responsabilidad en instituciones de salud es un llamado de atención a la inacción de las autoridades.

Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente a la PEPCA, a los organismos de control y a la sociedad civil para que actúen con firmeza:

1. Exigimos una vigilancia estricta en todos los patronatos de salud y centros médicos, revisando cada proceso administrativo, financiero y asistencial.

2. Demandamos que se hagan públicos los resultados de todas las investigaciones para garantizar la rendición de cuentas.

3. Reclamamos medidas protectoras para los pacientes y testigos para evitar represalias.

La decisión del Ministerio de Salud de asignar a algunos directivos del área oncológica de la provincia Duarte para dar seguimiento al nuevo Hospital Regional Ángel María Gastón preocupa profundamente. Esperamos que esta medida no dé lugar a que se repitan estas prácticas abusivas, y que el nuevo hospital sea un símbolo de esperanza y no de la misma impunidad.

Desde nuestra labor, exigimos transparencia total, rendición de cuentas y controles independientes. Los recursos destinados a la salud son sagrados: deben servir para salvar vidas y garantizar una atención digna, no para beneficio de intereses particulares. Que la experiencia anterior sirva de lección para que nunca más se repita la historia de corrupción, impunidad y abandono de quienes más necesitan protección.