REPUDIO TOTAL Y ENÉRGICO ante la restricción arbitraria a profesional de la comunicación en el Palacio de Justicia
San Francisco de Macorís, República Dominicana – 1 de mayo de 2026 – La Fundación Derechos Humanos Global (FDHG) expresa su más firme, categórico y enérgico repudio ante el hecho ocurrido esta mañana en las instalaciones del Palacio de Justicia, donde el reportero elmudobubu, miembro de la organización Somos Pueblo, fue ilegítimamente impedido de ingresar al recinto momentos antes del inicio de la audiencia preliminar correspondiente al proceso judicial conocido como “Caso Jet Set”.
Según la información verificada, el profesional contaba con su acreditación oficial vigente y cumplía estrictamente con todos los requisitos establecidos para el ejercicio de su labor informativa. No obstante, el personal de seguridad asignado al lugar le negó el acceso sin presentar justificación legal, normativa o administrativa válida que sustentara tal decisión. Esta acción no constituye un simple inconveniente, sino un acto de censura de hecho, arbitrario e injustificable, que repudiamos rotundamente.
Esta conducta representa una vulneración directa y grave de derechos y principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en la legislación nacional y en los tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano:
Atenta contra la libertad de expresión y de prensa: Derechos reconocidos como pilares irrenunciables de la democracia, que comprenden la facultad de buscar, recibir y difundir información sin más límites que los expresamente establecidos por la ley. Obstaculizar el trabajo de un comunicador debidamente acreditado es coartar su libertad y, por extensión, la de toda la sociedad.
Viola el derecho ciudadano a la información: La población tiene derecho inalienable a recibir información veraz, oportuna y completa sobre procesos judiciales de trascendencia social. Al impedir el acceso de los medios, se restringe indirectamente este derecho colectivo y se limita la capacidad de la ciudadanía para vigilar el funcionamiento de sus instituciones.
Quebranta el principio de publicidad de los procesos: La ley establece con carácter general que las audiencias son públicas, salvo excepciones taxativas, debidamente motivadas y orientadas a la protección de derechos superiores. El proceso en cuestión no se encuentra dentro de estas excepciones, por lo que la restricción impuesta carece de todo fundamento jurídico.
El “Caso Jet Set” ha generado una amplia expectativa ciudadana por su impacto social, económico y jurídico. En procesos de esta naturaleza, el principio de transparencia debe regir con mayor rigor y el acceso de los medios debe ser garantizado sin trabas indebidas. Cualquier restricción injustificada no solo afecta la labor informativa, sino que debilita la confianza pública en la administración de justicia y alimenta percepciones de opacidad, parcialidad o arbitrariedad que repudiamos profundamente.
En consecuencia con nuestro repudio y haciendo nuestra la denuncia formulada por la organización Somos Pueblo, exigimos a las autoridades competentes del Poder Judicial:
Ofrecer una explicación oficial, pública, detallada y jurídicamente fundamentada sobre los motivos que llevaron a impedir el ingreso del profesional de la comunicación, a pesar de contar con la debida acreditación.
Garantizar de manera irrestricta, permanente y sin dilaciones, el acceso a las instalaciones judiciales y el libre ejercicio de la labor periodística a todos los comunicadores que cumplan con los requisitos legales, especialmente en procesos de relevancia pública.
Adoptar de inmediato los mecanismos, protocolos y medidas correctivas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan, asegurando que las medidas de seguridad no se utilicen como instrumento para limitar la libertad de información.
Velar por el respeto estricto al principio de publicidad de los actos judiciales, como garantía fundamental de legalidad, equidad y legitimidad democrática.
Fundación Derechos Humanos Global (FDHG) Por la libertad de expresión, el derecho a saber y una justicia abierta a todos.