SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO FISCAL Y LA GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Por Rebeca Isabel Henríquez Herrera
Fundación Derechos Humanos Global
San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 3 de julio de 2026
Es una preocupación generalizada en la sociedad dominicana la percepción de que, a pesar del cumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, persisten limitaciones en el acceso a servicios básicos esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana.
El pago de impuestos es un deber establecido en la Constitución, que se sustenta en el principio de que esos recursos deben destinarse al bienestar colectivo. A su vez, nuestra Carta Magna y los tratados internacionales ratificados por el país reconocen la educación, la salud y la seguridad como derechos fundamentales que el Estado debe garantizar en condiciones de igualdad.
• El Artículo 75 de la Constitución dispone que los fondos públicos solo pueden destinarse a los fines previstos en el presupuesto y con la máxima publicidad.
• Se establece como meta obligatoria destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo.
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los recursos del Estado deben orientarse a hacer efectivos los derechos de las personas.
Existen mecanismos legales instituidos para revisar la asignación de recursos, verificar el cumplimiento del presupuesto y exigir rendición de cuentas ante las autoridades competentes. No se trata de señalamientos individuales ni afirmaciones sin sustento, sino de plantear la necesidad de que se respete el marco jurídico que vincula el deber de contribuir con la obligación de servir al bien común.
Reafirmamos la importancia de respetar y hacer cumplir todas las normas que rigen el uso de los recursos públicos.
Exhortamos a las autoridades competentes a garantizar la transparencia en la gestión y la priorización de los servicios básicos.
Invitamos a la ciudadanía a ejercer su derecho a solicitar información y a participar en los espacios legales de control social.
El Estado debe ajustar su actuación a la ley para mantener la confianza y la legitimidad del sistema democrático.
Fundación Derechos Humanos Global
Por el respeto a la ley y los derechos de todas las personas